El parlamento de Cataluña aprobó una resolución declarando la independencia de esta región del noreste de España, mientras el Senado debatía aprobar la intervención de la autonomía regional, para frenar la secesión.
La independencia de una región dentro de la actual Unión Europea es un acto inédito, que ha sido rotundamente descalificado por las instituciones en Bruselas y por los socios del gobierno español.
La última vez que Cataluña, una región con lengua propia, intentó proclamar la independencia fue en octubre de 1934, cuando el entonces presidente Lluís Companys anunció una “República catalana” dentro de una “República federal española”.
Ese intento, en un clima de insurrección en otras partes de España, duró apenas diez horas, acabó con decenas de muertos y provocó la suspensión del autogobierno.
Ocho décadas después, el Senado español se disponía de nuevo a decretar la suspensión del gobierno catalán.
A petición del gobierno de Mariano Rajoy, la cámara, con mayoría conservadora, iba a aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite la suspensión de una autonomía en aras de la unidad y el bienestar del país.
España cuenta con 17 autonomías con amplias competencias jurídicas y políticas, similares a países de raigambre federal, como Alemania.
Cataluña y País Vasco, pioneras en el autogobierno y con un importante grado de desarrollo social y económico, fueron las primeras comunidades en recuperar su estatuto de autonomía, en diciembre de 1978, con la vuelta de la democracia a España.
Las consecuencias de la declaración de independencia como la intervención del autogobierno son ahora incalculables.