El diputado a la Asamblea Nacional Carlos Valero (Unidad- Táchira) informó desde el Palacio Federal Legislativo que en la República de Trinidad y Tobago hay 164 venezolanos, entre ellos 20 mujeres privados de libertad por diversas razones, de las cuales 85% es debido al delito migratorio, por causa de la crisis humanitaria que vive en estos momentos los venezolanos.
Al respecto, Valero advirtió que la situación conlleva a graves problemas a estos venezolanos porque son ciudadanos de bajos recursos económicos y no pueden cancelar las multas que oscilan entre 1.500 a 6.000 dólares.
Indicó que la Comisión Especial de la AN que investiga estos hechos y de la cual es integrante, ha sostenido dos reuniones con el Embajador de Trinidad y Tobago en Venezuela.
En este sentido, el parlamentario informó que esta semana se reunirán nuevamente con el Embajador de la nación caribeña para entregarle una comunicación que será firmada por todos los familiares de los afectados y los diputados de la Asamblea Nacional, donde se insta a las autoridades del gobierno de Trinidad y Tobago tengan un trato considerado al respecto.
Detalló que las personas son retenidas en un centro para refugiados donde pueden pasar hasta dos meses, luego le solicitan pagar una multa y si no logran hacerlo, son llevados a un juzgado donde pueden ser condenados hasta cinco años de prisión por ser ilegales.
“En estos momento existen una gran cantidad de venezolanos que han sido condenados entre 4 meses a 3 años, una vez cumpla su pena tener en su poder su boleto de retorno a Venezuela, por el contrario, no se le concede su boleta de excarcelación”.
La Comisión Especial propondrá que entre la Embajada de Trinada y Tobago y el gobierno venezolano se coordine los mecanismos de transporte para que lo liberados no tengan que esperar que sus familiares puedan cómprale el boleto de regreso a su patria.
Dijo que el trabajo del Parlamento Nacional es hacer todo lo posible para que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Naciones Unidas reconozcan que los venezolanos que salen de su territorio lo están haciendo porque están huyendo de una crisis humanitaria que se vive en Venezuela, por lo tanto, deben ser tratados como refugiados.