El Gobierno venezolano rechazó hoy el informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que sugiere una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) ante los graves y sistemáticos abusos cometidos y la impunidad generalizada.
La Cancillería venezolana publicó un comunicado en el que descalificó el informe pues, asegura, es el “resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad”.
“El referido documento constituye un acto arbitrario que vulnera las propias normas de funcionamiento de la Oficina y usurpa las atribuciones que corresponden a otros órganos de la ONU”, señala el escrito que cuestiona además la falta de aval del Consejo de Derechos Humanos o la Asamblea General para la elaboración del informe.
Venezuela considera que el documento “constituye una evidencia más del absoluto menosprecio por la institucionalidad” que ha “caracterizado al señor Zeid Ra’ad Al Hussein”, al frente del despacho de DDHH de la ONU.
“En su marcada obsesión contra Venezuela, el Alto Comisionado omite deliberadamente actuaciones y conclusiones de procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos, que desmontan las calumnias del reciente y politizado informe”, prosigue la nota oficial.
Para el gobierno al Hussein se hace cómplice de “la agresión multiforme que está en marcha contra Venezuela“, al no decir nada sobre las sanciones económicas que otros gobiernos han impuesto a Caracas en los últimos meses.
Esto, según el Gobierno, ha tenido un “negativo impacto en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales” de los venezolanos.
El Ejecutivo de Maduro también argumenta que el Experto Independiente del Consejo de Derechos Humanos, Alfred De Zayas y el Relator sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los derechos humanos aportaron unas conclusiones ignoradas por la ONU.
“Toda la información oficial que el Gobierno Bolivariano ha suministrado, ha sido intencionalmente descartada (…) con el objeto de construir una grotesca farsa mediática en esta materia, en alianza con otros actores multilaterales al servicio de Washington”, agrega el comunicado.
Con todo, el Gobierno venezolano reiteró “su compromiso ineludible con los derechos humanos”, así como su disposición de seguir cooperando con los órganos que tratan esta materia en la ONU “siempre que se respete la soberanía del país y que se actúe en apego al rigor y la verdad”.