La Unión Europea (CE) acordó prolongar otro año el embargo de armas decretado a Venezuela y las sanciones individualizadas contra responsables de la presunta represión en el país, al considerar que continúa el “deterioro de la situación” a causa de la crisis política.
El Consejo de la UE puso en marcha unas sanciones selectivas a Venezuela el 13 de noviembre de 2017, que incluyeron un embargo de armas y equipos que se pueden utilizar para “la represión interna”.
Asimismo, las medidas restrictivas contemplaban la prohibición de viajar a la UE y la congelación de activos en territorio europeo de 18 personas con cargos oficiales a las que la UE considera “responsables de violaciones de los derechos humanos” y de “haber socavado la democracia y el Estado de derecho” en Venezuela.
El Consejo dejó claro que estas medidas van encaminadas a “ayudar a fomentar soluciones democráticas compartidas a fin de llevar la estabilidad política al país y permitir que haga frente a las necesidades de la población”.
Para el Consejo, estas sanciones son “flexibles y reversibles” y “no están diseñadas para perjudicar a la población venezolana”.
La institución recordó que la UE “ha reiterado en numerosas ocasiones su disposición a ayudar a encontrar una salida democrática a la actual crisis multidimensional, a través de una negociación orientada hacia resultados, conducida de buena fe, que incluya a todos los actores políticos venezolanos relevantes”.