Este miércoles fue destituido el Presidente peruano Pedro Castilllo tras presuntamente “quebrantar el orden constitucional”, después de dictar el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
Esa orden ha sido interpretada como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.
La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Tras su detención y permanecer varias horas en la Prefectura de Lima, Castillo, fue conducido en medio de un fuerte resguardo a un cuartel policial en el distrito del Rímac para abordar un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).
«La Fiscalía de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de Presidente, por la presunta comisión del delito contra los poderes de Estado y orden constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado», escribió el Ministerio Público en Twitter.
El exmandatario habría hecho el anuncio horas antes de que el Congreso debatiera un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.
Con la apertura de esta nueva investigación preliminar, ya son siete las diligencias abiertas por la Fiscalía General contra Castillo, quien entre otros delitos está acusado de presuntamente encabezar una supuesta organización criminal durante su mandato para obtener dinero ilícito de licitaciones fraudulentas de obras públicas.