El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, declaró que rechaza “la forma infame e injusta con la que está siendo tratada la migración venezolana”.
En un comunicado oficial publicado por el canciller en sus redes sociales, reza “la ley del enemigo extranjero de 1798, en la que se basa esta orden presidencial, es una ley anacrónica que no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos de América, sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos, la carta de Naciones Unidas, la declaración universal de derechos humanos, la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”.
Venezuela rechaza la persecución contra “nuestros connacionales, la expropiación de sus bienes personales, patrimonio, negocios, vehículos, cuentas bancarias”.
Denuncia que los compatriotas que aún están en Estados Unidos “están siendo sometidos a persecución en sus lugares de trabajo, colegios, iglesias, hospitales y espacios públicos”, venezolanos que en su inmensa mayoría son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos; no son terroristas, no son criminales, ni ‘enemigos extranjeros’. Son víctimas”.
“Venezuela hace un llamado urgente e inmediato a la comunidad internacional, especialmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que se movilice en defensa de los derechos del pueblo y que denuncie “esta acción.