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El hasta ahora vicecanciller de Paraguay, Antonio Rivas, tomará este miércoles juramento como jefe de Relaciones Exteriores en sustitución de Luis Alberto Castiglioni, quien renunció el lunes ante la crisis generada por un acuerdo energético con Brasil que el Gobierno dejó sin efecto tras las protestas de la oposición.
Rivas, diplomático de carrera y embajador en España desde 2014 hasta abril de este año, asumirá el cargo ante el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, en una ceremonia en el Palacio de Gobierno, en Asunción, anunció la Presidencia.
El exembajador era el nombre que sonaba al frente de la Cancillería tras la dimisión de Castiglioni, que estuvo seguida de la del director del lado paraguayo de la hidroeléctrica de Itapú José Alberto Alderete; del embajador en Brasil Hugo Saguier, y de Alcides Jiménez, titular de la Administración de Electricidad de Paraguay (ANDE).
Las dimisiones se produjeron tras la renuncia la semana pasada del antecesor de Jiménez en la ANDE, Pedro Ferreira, quien reveló la firma de un pacto energético con Brasil sobre la contratación anual de energía de la hidroeléctrica de Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil.
Ferreira, que se negó a validar ese acuerdo, indicó que el mismo era perjudicial para los intereses de Paraguay y que la negociación estuvo protagonizada por representantes de la Cancillería, tras ser apartados los técnicos de la ANDE.
Ello provocó protestas de la oposición, manifestaciones en las calles de Asunción y voces de algunos legisladores para someter a un juicio político a Abdo Benítez.
Ferreira, convocado este martes pasado por una comisión del Congreso, dijo a los medios que Abdo Benítez estuvo mal asesorado por sus colaboradores cercanos y se reafirmó en que ese acuerdo es «nulo» y no tiene validez jurídica.
Denunció además una «extorsión financiera» por parte de los representantes de Brasil al retener, presuntamente, recursos correspondientes a su país como arma de negociación.
Paraguay venía fijando de forma anual la contratación, pero con el acta los montos de potencia media anual se incrementarían en ese periodo desde los 1.370 megavatios (MW) en 2019 a 1.924 MW en 2022, lo que implicaría un mayor desembolso al comprar más megavatios.
El acta fue interpretada por la oposición como una entrega de soberanía realizada de forma consciente por el Gobierno.
Ello provocó la primera crisis política del Gobierno de Abdo Benítez, que este 15 de agosto cumple un año desde que asumió la jefatura del Estado tras ganar las elecciones de abril de 2018.
Federico González, representante de la Cancillería paraguaya en el Consejo de Itaipú, dijo a los periodistas que para esta semana está previsto que se reúnan representantes de Paraguay y de Brasil para abordar el acuerdo tras la situación creada.
Con Información de Agencias
